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24 de marzo: Controversia en torno a supuesta recuperación de la DDI de Quilmes como Sitio para la M

Se realizaron dos manifestaciones populares por parte de diversas fuerzas políticas y sociales en la ciudad, en conmemoración de los 41 años del golpe cívico- militar. Por un lado, se llevó adelante un acto en las inmediaciones de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en las calles Allison Bell y Garibaldi, por parte de organizaciones sociales y políticas que responden, en mayor medida, al arco del peronismo. Al mismo tiempo, agrupaciones de izquierda realizaron una marcha de antorchas "independiente" ya que consideran que la recuperación de el ex centro clandestino de detención El Pozo como espacio para la Memoria Verdad y Justicia no se concreta. En los últimos días se conoció la decisión de no remover totalmente la DDI del lugar, a pesar de que la ley nº 14.895 aprobada en el congreso provincial así lo establece. Foto de central: archivo de El Caminante.

El primer grupo de organizaciones se concentró en Allison Bell y Garibaldi y el acto fue encabezado por el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes; el Consejo del Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Ex-CCD Pozo de Quilmes y por ex detenidos que pasaron por allí. Contó con un gran despliegue (con orquestas, coros, videos y fuertes testimonios) y la singularidad es que en esta conmemoración participó el Subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Quilmes, José Estevao. Esto significa que allí participó un representante del gobierno de Martiniano Molina, que el año pasado confundió a El Pozo de Quilmes con los baches de las calles, y que forma parte de la coalicion CAMBIEMOS que a nivel nacional relativiza el genocidio de estado de la última dictadura.

Por otra parte, otro gran número de personas, encolumnadas detrás de banderas de organizaciones y partidos de izquierda partieron desde la Plaza de la Estación, pasando por Rivadavia y culminando en la Plaza San Martín.Los principales reclamos de este sector tienen que ver con el reconocimiento de las 30mil desapariciones durante la dictadura por parte del estado, por el pase a cárcel común del médico Jorge Antonio Bergés y del ex intendente de facto Julio Cassanello y contra el gatillo fácil y la baja de la edad de imputabilidad.

Con respecto a la polémica resolución en torno a la puesta en funcionamiento del nuevo espacio para la memoria, hubo fuertes contrapuntos por parte de quienes ayer se movilizaron.

"Nos enteramos hace pocos que días que sólo se le daría un lugarcito para este espacio para la memoria dentro del edificio del ex Pozo de Quilmes. Cuestionamos y denunciamos que este nuevo espacio no puede convivir en el actual edificio con el aparato policial adentro, ya que se encarga de reprimir todos los días las manifestaciones del pueblo. Señalamos que la policia se tiene que ir de allí y que el sitio debe convertirse veradaderamente en un espacio para la la Memoria de punta a punta. Vemos que esta convivencia es promovida por el Municipio de Quilmes, ellos son los responsables de que la ley promulgada hace tres meses no se cumpla. Pero también las organizaciones del kirchnerismo que impulsaron esta ley no denunciaron esta falta y realizaron un acto de conjunto con representantes del gobierno de Martinano Molina", plantea Pablo Marzano, referente de la agrupación Hagamos Lo imposible.

Cabe destacar que la ley para crear el “Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes” fue aprobada por unanimidad en la legislatura bonaerense en diciembre pasado. Allí se ordena desafectar al espacio de sus actuales funciones —allí sigue funcionando la dependencia de la Policía Bonaerense—, la cesión en comodato por 99 años de la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria y establece que su gestión deberá contar con un amplio consenso. Crea un órgano de gestión integrado por la CPM, el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el municipio.Además se garantiza el financiamiento por parte del Estado y, al mismo tiempo, una gestión sostenida con la participación plena de la comunidad dando cuenta de las múltiples expresiones y referencias construidas en la lucha por los derechos humanos y la memoria.

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