En la tarde del pasado miércoles se conoció que el Gobierno nacional aceptó el perdón de casi la totalidad de una deuda que la empresa Correo Argentina S.A. mantenía con el Estado nacional. La cifra supera los $ 70.000 millones (U$S 4.375.000.000) y representa más de la mitad de la inversión prevista para la Emergencia Social en 3 años. Esa cuasi condonación beneficia al padre del mismo presidente de la Nación ya que Franco Macri era quien encabezaba la empresa cuando se inició la causa judicial. Por Mario Hernández, en Anred.
A mediados de 2016 el Gobierno nacional aceptó una propuesta de pago de esa deuda que implica aceptar la condonación de más del un 98,82 % del total.
Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dictaminó el rechazo a este acuerdo y definió que el mismo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”.
En el sitio fiscales.gob.ar, señaló "que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni el acto administrativo que se las impuso".
La información se conoció por medio de un artículo de Ari Lijalad en el sitio Nuestras Voces. Allí se detalla la información relacionada con la deuda que Macri perdonó.
"Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82% sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18% de la deuda que tenían con el Estado", describe la investigación del periodista Ari Lijarad.
"Este desfalco para el Estado Argentino tiene un momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta. Mal negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo", ironiza el artículo periodístico.
Ahora la Justicia investiga si hubo negligencia del Estado por su intervención tan ventajosa para una de las partes, esto es, la familia del propio presidente. Por ahora, un fiscal pidió a la justicia que no homologue ese acuerdo entre el Correo y el Estado.
Según reseña el artículo, ahora serán los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi los que deberán decidir por la suerte de los 70.000 millones de pesos que el gobierno quiere perdonarle a la famiglia Macri. Se trata de juezas con vínculos con el oficialismo nacional.
Macri se hizo cargo del Correo Argentino, la firma más antigua del país, en septiembre de 1997, pero hasta 2001 no había pagado el canon comprometido al Estado (U$S 51,6 millones semestrales). Argumentó que el Estado le debía plata por servicios prestados y nunca abonados y que ese desajuste podía compensarse restándolo del pago del canon.
En su momento, Macri consiguió con el auspicio legal del ex ministro Roberto Dromi, que el juez federal Ernesto Marinelli, lo autorizara a seguir en rojo con el Estado, hasta que la administración pública abonara unos 98 millones de dólares.
Con el Correo pensaba ganar 1.500 millones de dólares para el 2000, pero desde 1997 un solo ejercicio registró una utilidad de 1,4 millones. El cúmulo de operaciones financieras y logísticas que transformarían al Correo en una pujante empresa multimillonaria, apelando a las herramientas de la informática, a la sumatoria de negocios vecinos y a un trabajo en escala con Brasil, no llegó a concretarse.
Antes de la concesión, el Correo perdía 20 millones de dólares por año. Con Macri, el rojo llegó a 50 millones. En todo el país había 5.000 sucursales, cuatro años después, quedaban 3.500 entre las propias y los locales contratados que acumulaban las facturas pendientes de pago.
Para el 2000 la caja del Correo le quedaba “corta” para pagar los sueldos de 13.000 empleados, a pesar que 7.500 fueron renunciados.
Los 500 pesos brutos de remuneración mensual le parecían montos astronómicos a pesar de la facturación anual de 527 millones de dólares.
Sin embargo, comenzó tirando manteca al techo. Los gerentes recién llegados ganaban más de U$S 147.000 anuales, la misma cantidad asignada al director del correo estatal inglés. El Post Office era el asesor técnico de Macri, pero tributaba a la Corona 500 millones de dólares al año, tenía 229.000 empleados y casi nueve veces más sucursales distribuidas en su territorio equiparable a la provincia de Buenos Aires.
Tomó una empresa libre de deudas y cargada de activos, que en 4 años acumuló un pasivo de 740 millones de dólares. Cumplió con el canon completo solamente por un año y hacia mediados de 2001 debía 260 millones en cuotas atrasadas. A los carteros empezaron a faltarles lapiceras y a cobrar salteado, y en las sucursales faltaban formularios, entonces pidió un concurso de acreedores para librarse transitoriamente de obligaciones con proveedores, contratistas y acreedores.
Quienes conocen la trama interna señalan al contrato con Furex S.A. como el eje del vaciamiento del Correo. La firma transportista se constituyó el 1º de abril de 1998, a 7 meses que Macri ganó el Correo, con un capital inicial de $ 12.000 y el único objetivo social de realizar “operaciones de logística para la empresa Correo Argentino S: A.”. Empleaba a buena parte de los carteros, aunque muy pocos se llevaban un recibo en blanco a sus casas.
El vicepresidente era Fernando Alfredo Marín, actual director de Fútbol para Todos, y durante años responsable de las relaciones públicas de Socma (Sociedades Macri).
Mauricio Macri fue parte del directorio del Correo y fue en su casa de Barrio Parque donde se llevaron a cabo buena parte de las reuniones con los empresarios socios y con el gobierno menemista, en las que se decidió la concesión.
Las negociaciones por parte de la empresa fueron llevadas adelante por Osvaldo Salvestrini y Andrés Ibarra, actual Ministro de Modernización. Osvaldo Salvestrini estaba a cargo de ITRON, la compañía que debía ser reconvertida para quedarse con el correo privado.
Salvestrini, tesorero de Boca Juniors, club que presidía Mauricio Macri, explica la estrategia del grupo: “En ITRON habíamos analizado cuidadosamente las posibilidades que ofrecía el Correo. Con 6.500 oficinas diseminadas en todo el país, podíamos tener la mayor red de distribución de la Argentina. El Correo era la única organización con capacidad para llegar a todos y cada uno de los argentinos, al menos -en promedio- una vez al año. Si en esos contactos a lo largo de un año, se les pudiera vender “algo” por diez pesos, con ese algo, multiplicado por treinta y cinco millones de habitantes, teníamos un potencial de ventas incalculable. Era verdaderamente un desafío intelectual, un acicate a nuestra creatividad”.
Pero Salvestrini como presidente y Andrés Ibarra como gerente general se encontraron con conflictos y situaciones que nadie había previsto en los power point en los que mostraban cómo transformarían el Correo, en uno moderno, informatizado y con poco personal.
En el primer año pusieron en marcha un plan de despidos masivos a través de un programa de retiros voluntarios por el que el Correo redujo su dotación en 10.000 empleados. Para eso utilizaron los fondos que se habían comprometido a aportar como inversión de capital en el contrato de concesión. En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión U$S 100.000.000 que había usado en realidad en el despido de personal.
Para llevar adelante el plan de despidos y poder presentar las indemnizaciones como parte de la inversión de capital planteada en el contrato contaron con la ayuda del Viceministro de Trabajo, José Uriburu, quien luego compartiría con Mauricio Macri la Sociedad Pastoril Santiagueña. Como Viceministro de Trabajo del gobierno menemista impulsó una reforma laboral y previsional que permitió hacer más flexible los contratos laborales y más sencillo para la empresa el despidos de trabajadores. Impulsó también los decretos que buscaron la equiparación de los trabajadores del Correo con los empleados de las empresas privadas, uno de los reclamos centrales de Macri.
Como los decretos se demoraron y los trabajadores se negaron a dejar de estar comprendidos en los convenios colectivos de su sector, Uriburu ideó junto a Macri y el Secretario de Comunicación, Germán Kammerath, un sistema de “retiros voluntarios”.
Además, permitieron que la operación fuera registrada en los balances como “inversión de capital”, deduciéndolo de lo que se habían comprometido a invertir de acuerdo al contrato original. Como el consorcio se había comprometido a invertir 25 millones por año, con esto quedaba cubierta la inversión de cuatro años. La causa transitó por diversos juzgados por tantos años que no hubo pena para cumplir.
Uriburu también se encargó de darle el primer negocio importante al Correo al contratarlo para que abonara las “ayudas económicas no retributivas”, en los planes sociales que manejaba el Ministerio de Trabajo.
La Oficina Anticorrupción que analizó el tema informó que constituía un fraude a la Administración pública además de incumplimiento de deberes del funcionario público, entre otras cosas porque se contrató de manera directa, cuando debía haberse realizado una licitación pública. Se omitió considerar alternativas que hubieran representado una mejora, cuando otras empresas presentaron mejores condiciones económicas y sostuvo el acuerdo con el Correo. Se realizó una contratación por $ 5.300.000, a pesar que el Director nacional de Políticas de Empleo y Capacitación había informado que el monto ascendía a $ 3.096.557.
Y la frutilla del postre. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era más elevado que el promedio que se venía registrando. Se le solicitó una explicación al Correo. La empresa admitió la situación, pero solicitó que se le concediera un plazo de 36 meses de financiamiento para efectivizar el pago.
El Ministerio no reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos por el cual el Correo le adeudaba $ 16.722.133 pero, casualmente, la deuda del Ministerio con el Correo ascendía a la suma de $ 16.449.357.
A pesar de las ayudas, la participación en el mercado cayó del 49% en 1997 a 35% en 2001. En 2000, llegaron a tener pérdidas contables del 50% del patrimonio neto de la empresa, violando la Ley de Sociedades Comerciales que establece que una sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social llega a la mitad del capital.
No obstante, incrementó en un 750% la tarifa de la casilla postal, cambió el gramaje de envío de cartas, dolarizó las tarifas correspondientes a los envíos al exterior sin autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones y obtuvieron contrataciones directas sin ningún control por parte del Estado.
Tres años después de haber obtenido la concesión, Macri le debía al Estado casi U$S 1.000 millones: 408 millones de canon, 60 millones en préstamos del Banco Nación y 528 millones en concepto de aportes patronales evadidos a la AFIP.
Finalmente, el Correo fue a la quiebra y el gobierno de Néstor Kirchner canceló la concesión por decreto el 19 de noviembre de 2003.
Fuentes: Ale, Ana: La Dinastía. Vida, pasión y ocaso de los Macri. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2001. Cerruti, Gabriela: El pibe. Negocios, intrigas y secretos de Mauricio Macri, el hombre que quiere ser presidente. Planeta, Buenos Aires, 2010.
