Análisis de Martín Kalos (Director de EPyCA Consultores. Miembro de Economistas de Base. @martinkalos en twitter). Ilustraciones: Disculpen la molestia.
Marcha atrás con la suba de tarifas y nuevos errores del gobierno
Con los subsidios energéticos, el Gobierno cometió errores de principio a fin. Las empresas comenzaron a ajustar las tarifas desde el 1 de abril, cuando las autorizó el Enargas (organismo regulador del sector, que depende del Ministerio de Energía). Pero luego, el reclamo masivo (en las calles y por vía judicial) obligó al Gobierno a poner un tope de 400%, a los hogares y 500% a las industrias para el aumento de las tarifas (no del total de la boleta, que incluye otros elementos además de la tarifa) y las empresas debieron recalcular las boletas que ya habían enviado.
El problema no se detuvo ahí: los juicios empezaron a generar fallos adversos al tarifazo, basados en lo mal que se hizo el proceso de suba de tarifas. Rápidamente hubo amparos vigentes en Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén, y en San Carlos de Bariloche, Avellaneda, La Matanza y Moreno.
Cabe destacar que ante la avalancha de amparos judiciales que impedían la aplicación del tarifazo hasta que se resolviera su legalidad, la Procuración General del Tesoro presentó un pedido de "per saltum": el "per saltum" es un recurso judicial excepcional para saltear instancias (en este caso, la Cámara de Apelaciones) y pasar directamente a que el tema sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirimiendo así rápidamente la discusión. ¿Qué se esperaba que hiciera la Corte Suprema? El Gobierno pretendía que la Corte tomara el caso, y que con al menos 3 votos a favor (los de los jueces recién designados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más el de Ricardo Lorenzetti) avalaran el tarifazo. Los rumores indican que la Corte de todas formas se tomaría al menos un mes para dar a conocer su decisión, y que se inclinaría por reconocer la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de implementar un aumento de tarifas, pero obligándolo a cumplir con las condiciones establecidas legalmente: entre otras, la convocatoria a audiencia pública previo al aumento tarifario.
La Cámara Federal de La Plata dictó un fallo que declaró nulo el reajuste de las tarifas de gas, con alcance para todo el país (paradójicamente, la anulación de todo el tarifazo también dio por tierra con el único avance progresivo de la política energética macrista, que era la implementación de una “tarifa social” – que quedó anulada junto con el resto del paquete de medidas). El principal argumento de la Justicia para aceptar recursos de amparos y nulidad es que el Gobierno no cumplió con un requisito constitucional para el aumento de tarifas: la participación popular, específicamente en este caso porque no llamó a audiencias públicas.
Esto, nuevamente, sólo puede ser explicado como un error producto de la falta de experiencia y asesoramiento legal; o como un intento de pasar por encima de la ley para favorecer rápidamente a las empresas del sector. Aranguren intentó defenderse alegando que las audiencias públicas se realizaron en 2005, pero invocar algo tan lejano en el tiempo y en el contexto económico no tiene ningún sentido – y es una de las razones por las cuales la Justicia frenó el tarifazo -. Sobre todo porque el Gobierno también anunció que esto era solamente la primera etapa del ajuste de tarifas, y que a partir del segundo semestre o de 2017 vendrían nuevos aumentos.
Ante el descontento social y los reveses judiciales, el Gobierno Nacional decidió corregir (una vez más) su tarifazo: ahora la boleta de gas no podría aumentar más de 400% para hogares y 500% para empresas, respecto del total pagado en la factura de igual bimestre de 2015.
Esto presenta dos problemas: el primero, que si el objetivo del tarifazo era reducir paulatinamente la carga fiscal de los subsidios a la energía, este primer “tarifazo” queda corto – el déficit casi no se reducirá -. El segundo, que es un incentivo a derrochar energía. Si no nos importara el cuidado ambiental y miráramos sólo nuestros bolsillos, a los hogares nos convendría gastar mucho gas en estos meses. ¿Por qué? Porque este año, por mucho gas que ahorremos, el aumento en nuestras boletas será al menos cercano al 400%. Entonces es mucho más conveniente no preocuparse por ahorrar gas este año; y así el año que viene, cuando haya un nuevo tarifazo, podremos mostrar que hemos reducido el consumo de gas (respecto del que hayamos gastado este año) y entonces la nueva suba de tarifas no nos afecte tanto. Así, el esquema que terminó implementando el Gobierno Nacional, como resultado de sus sucesivos errores, incentiva el despilfarro de energía en el corto plazo.
Un tarifazo torpe y demasiado parecido al clientelismo
El tarifazo constituye otra muestra del rosario de errores que acumula Aranguren desde que asumió como Ministro. Ha tenido numerosas declaraciones fuera de lugar (como “cometemos errores porque estamos aprendiendo”, una muestra de incompetencia importante para un Gobierno que se jacta de su “meritocracia”). Defiende ser dueño de acciones en Shell, empresa de la cual era CEO hasta diciembre y que en el gobierno de Macri ya ganó 7 de las 8 licitaciones a las cuales se presentó, como si no existiera ningún conflicto de intereses entre ese vínculo suyo con Shell y las políticas que pueda tomar como Ministro. En este tarifazo, nunca logró aclarar cuánto iba a aumentar cada servicio; por eso el problema surgió cuando las primeras boletas ya habían llegado a los hogares con aumentos exorbitantes. Pero no está solo en esto: este tarifazo fue defendido y avalado también por los demás Ministros y por el Presidente Macri.
Es cierto el diagnóstico: “hacer algo” era necesario para que la burbuja de subsidios no se tornara insostenible y dejara de beneficiar a quienes sí podían pagar mayores tarifas, pero se podría haber hecho distinto. Se podría haber hecho gradualmente, como en definitiva terminaron haciendo; o cuidando con más claridad y precisión a los sectores que ya sabían que no iban a poder pagar semejante aumento. O se podría haber hecho sin la ostentación en paralelo de haber eliminado retenciones al sector agropecuario que sólo este año significa que el Estado le cede a las empresas exportadoras un dinero que equivale al 2,2% del PBI – o sea, más que ese 1,5% lo que se buscaba ahorrar con esta primera ronda de suba de tarifas -. Pero además el tarifazo implicaba transferir dinero de las familias a las empresas proveedoras de servicios públicos, sin nunca hacer mención al tema de la pésima calidad de los servicios brindados y la falta de inversiones. Como ejemplo del desincentivo a las inversiones implícito en este tarifazo: hasta ahora, las empresas gasíferas cobraban U$S 2 por unidad de gas extraída (llamada “BTU”); pero si era “gas nuevo”, producto de sus inversiones en nuevos yacimientos, cobraban U$S 7,5 por BTU. Al incrementar el precio del gas (a U$S 5 el BTU) sin aumentar el del “gas nuevo”, de hecho se quita el incentivo que existía a que se exploren y exploten nuevos pozos. Sin ir más lejos, las empresas energéticas hicieron los arreglos en el sistema de distribución que evitaron nuevos cortes de luz en los últimos dos años con una buena ayuda de subsidios estatales: ¿qué incentivos u obligaciones legales tienen para seguir invirtiendo en mantener o mejorar el sistema? Entre los menores subsidios, la política de no utilizar las acciones que el Estado tiene en las empresas privadas para influir sobre las decisiones de inversión, y la (eterna) falta de renegociación de contratos de concesión, tienen vía libre para seguir sin preocuparse por la calidad del servicio que prestan, mientras el Estado nacional les sigue garantizando sus ganancias.
El Gobierno de Mauricio Macri tiene un objetivo: desarmar lo que considera “excesos” del Estado. Pero algunos de esos excesos son necesarios para sostener una calidad de vida digna a buena parte de la población, por más que se los pretenda denigrar llamándolos “populistas” o “privilegios”. No puede erradicar esos excesos y privilegios de golpe y sin antes solucionar los problemas de desempleo, pobreza, miseria y exclusión social que existen en el país (y que las primeras medidas de este Gobierno exacerbaron), porque significaría dejar sin posibilidad de subsistencia digna a una buena parte de los 40 millones de argentinos de los cuales es Presidente.
