El 24 de marzo de 1976 se decretó el Golpe de estado más sangriento de toda la historia en América Latina. La cifra alcanza a 30.000 desparecidos hasta la fecha y marcó a fondo a generaciones de argentinos. Qué objetivos tenía la cúpula militar y contra que sectores se apuntaló el exterminio.
En la mañana del miércoles 24 de marzo de 1976, el país amanecía con un comunicado difundido por las juntas de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas que recomendaban a “a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.
El gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón había sido derrocado y Argentina sufría otro Golpe de estado. Se trataba del sexto en 46 años (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976). Así como en el proceso de facto anterior, el encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966, este nuevo gobierno militar (también con el aval y la participación activa de cierta parte de la población civil) fue de tipo permanente con un modelo de estado burocrático- autoritario. Se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”.
La cúpula militar, la Junta de Comandantes, que detentaba el poder en este mandato estaba integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Videla fue designado como presidente y la participación en el poder era por igual para la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas se hicieron de los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas.
¿Qué objetivos tenia este gobierno?
El Proceso de Reorganización Nacional que comandaban las juntas perseguía reformas políticas, económicas y sociales, al mismo tiempo que buscaban eliminar al activismo social, desmantelar la organización popular y disciplinar a la sociedad.
El común denominador para estos objetivos particulares se trataba de la puesta en marcha de transformaciones de tono regresivo para las aspiraciones de libertad, justicia e igualdad. No se podía permitir que la población trabajadora y los sectores más empobrecidos vieran avances sustanciales en sus condiciones de vida, ni mucho menos contar con un gobierno y un programa político acorde con esos intereses.
En esa línea, el nuevo gobierno militar desarrolló una serie de medidas que incluían la suspensión de la actividad política y de los derechos de los trabajadores, la intervención en los sindicatos y empresas estatales, la prohibición de las huelgas. También marcó la disolución del Congreso y de los partidos políticos, la destitución de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de la CGT y de la Confederación General Económica (CGE); se suspendió el Estatuto del Docente, se quemaron miles de libros y revistas considerados “peligrosos”, se censuraron medios de comunicación y hubo apoderamiento de numerosos organismos.
Las cifras del horror
La escalofriante cifra total de 30mil desaparecidos tiene explicación si se toma en cuenta que la CONADEP estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias que recibió la Comisión (para el año 1984), compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, este número, que representa el tercio de la cifra más reconocida socialmente, no contempla los numerosos casos de desapariciones que no fueron denunciados ante la comisión.
Estos son los números que arrojan las desapariciones de personas de acuerdo al rol en la sociedad o profesión:
Obreros: 30,0%
Estudiantes: 21,0%
Empleados: 17,8%
Profesionales: 10,7%
Docentes: 5,7%
Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad: 2,5%
Amas de casa: 3,8%
Autónomos y varios: 5,0%
Periodistas: 1,6%
Actores y artistas: 1,3%
Religiosos: 0,3%
Era el comienzo del período más oscuro de la historia de nuestro país. Era la expresión más acabada del aniquilamiento (físico y cultural) llevado adelante por el aparato de estado y que barrió con distintos sectores, traducido en cifras de miles de personas, que se pronunciaban contra la injusticia y el sometimiento de la población más humilde.
